ONU sobre el Catatumbo: “Los campesinos tienen quejas valederas”

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos espera que se llegue a acuerdos que garanticen los derechos humanos de la población del Catatumbo


La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda la reanudación de los diálogos en el Catatumbo, Norte de Santander, entre integrantes del Gobierno colombiano y los campesinos de la zona, y espera que puedan lograrse acuerdos, con el fin de diseñar e implementar medidas concretas de inversión social que promuevan transformaciones sociales y garanticen la plena efectividad de los derechos humanos de los habitantes de la región.

La Oficina expresa su preocupación por la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo. Pese a su riqueza natural, el Catatumbo presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas. La población allí asentada reclama al Estado, desde hace varias décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso al trabajo digno.

La coyuntura actual da cuenta de una gran frustración social, generada por el estancamiento en el proceso de diálogo entre los campesinos y las autoridades estatales en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA-, creada en 2009. A esta frustración se suman los retrasos en la creación de una Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, la falta de inversión social prevista por el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para el Catatumbo, además de la falta de programas de apoyo para la sustitución progresiva de cultivos de uso ilícito.

La Oficina realizó una misión de observación al Catatumbo la última semana de junio y se reunió con los campesinos y con las autoridades civiles y militares, con todos ellos y ellas compartió sus puntos de vista, su observación y sus preocupaciones.

Al mismo tiempo, la Oficina pudo constatar: por un lado, que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos, los señores: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios. La Oficina exhorta a la Fiscalía a que investigue la presunta violación del derecho a la vida de estas cuatro personas.

Además, la misión observó que hubo agresiones por parte de los manifestantes contra la fuerza pública. En los hechos violentos quedaron heridos tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública, y hubo daños a la propiedad pública y privada, confinamiento a varias comunidades y cierre de vías, lo que generó una grave situación de crisis humanitaria.

La Oficina lamenta que la situación haya escalado a esos altos niveles de violencia.

“Los campesinos tienen quejas valederas con relación a la garantía de sus derechos. Es importante escucharlos y no estigmatizarlos, y que ellos y ellas se manifiesten con respeto en relación con los derechos de todas las personas. La Oficina lamenta la pérdida de la vida de los cuatro campesinos y llama a las partes a que continúen los diálogos y lleguen a acuerdos respetuosos de los derechos humanos”, puntualizó sobre el Catatumbo, Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.