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| “Bayron”, quien no da su nombre de pila por seguridad, fue guerrillero de la columna Teófilo Forero y estuvo en la cárcel La Picota. Hoy espera resolver su situación jurídica ante la JEP. / Foto: Cristian Garavito |
Edinson Arley Bolaños
@eabolanos
La imagen de los buses azules del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), transportando a guerrilleros de las FARC que salían de diferentes cárceles del país para dejarlos en estas montañas del sur del Meta, donde se libró la guerra, era increíble. Empezaron a llegar desde marzo pasado. Se veían sonrientes, victoriosos y eran recibidos con una calle de honor de sus compañeros, que están concentrados en la zona veredal de Mesetas en el proceso de desarme.
El primer grupo fue de 80 excarcelados. Hoy ya hay 240 -apenas 20 mujeres en el grupo-, aunque el lugar está disponible para albergar a 700 personas en este momento. Llegaron esposados hasta la puerta de este campamento, al que han bautizado con el nombre del jefe guerrillero, preso en Estados Unidos, Simón Trinidad.
Este es el único centro transitorio de reclusión que existe por ahora en el país, y funciona a 800 metros donde 520 combatientes están dejando las armas en la zona veredal Mariana Páez. Según los acuerdos a los que han llegado el Gobierno y las FARC, aquí deben estar, bajo un régimen especial de restricción a la libertad, los miembros de la insurgencia que están siendo procesados por delitos no amnistiables y que no han cumplido cinco años de la pena en la cárcel.
En esa lista entran quienes estén procesados por delitos de lesa humanidad, como el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
La situación jurídica de estos 240 presos no está resuelta y sus casos deberán ser revisados por los jueces y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ante ellos deben aportar efectivamente a la verdad, comprometerse con la reparación a las víctimas y con medidas de no repetición. Solo así recibirán los beneficios previstos en los acuerdos, es decir, no pagar más cárcel.
Quienes están aquí llegaron desde las penitenciarías de Villavicencio (Meta), Modelo y La Picota (Bogotá), El Conduy y Las Heliconias (Caquetá), Rivera (Huila), Pedregal (Medellín), San Isidro (Popayán) y Cómbita (Boyacá).
El campamento tiene cinco hectáreas delimitadas por un cerco sencillo de alambre de púas. Está en una orilla de la trocha por la que se puede llegar desde Mesetas a Uribe (Meta) y es una ciudadela similar a la que habitan los combatientes concentrados en las 26 zonas veredales y puntos transitorios del país.
Mientras estuvimos en este campamento observamos, en el salón de reuniones, a Guillermo 39, un guerrillero veterano que estuvo preso en la cárcel de Villavicencio. Socializaba las premisas de los estatutos del partido político en el que se convertirá la guerrilla de las FARC. El seudónimo de 39 se debe a que fue uno de los fundadores de ese frente, 15 años después de que se enrolara en la insurgencia en la vereda Piñalito de Vista Hermosa (Meta), en 1987. Ahí llegó después de estar en la Juventud Comunista y, al final, en la Unión Patriótica, cuando decidió alzarse en armas.
En 2003, después de que se rompieron los diálogos de paz del Caguán, empezó la actividad militar de Guillermo 39 en el páramo de Sumapaz. En esa región resultó herido y tras sus lesiones, el Mono Jojoy, entonces jefe del bloque Oriental, ordenó trasladarlo a Bogotá donde, apoyado en dos muletas, continuó siendo guerrillero, esta vez enviando munición e intendencia a las montañas de la cordillera Oriental.
El 25 de septiembre de 2008 lo capturaron en Bogotá y lo condenaron a cinco años de prisión. En 2013, cuando recobró la libertad, se presentó al área de las FARC en Mesetas para volver a ingresar; sin embargo, le asignaron funciones logísticas afuera de los campamentos y el 5 de marzo de 2016 fue nuevamente capturado.
Esta última vez fue acusado por la Justicia ordinaria de participar en la toma a Puerto Rico (Meta) el 10 de julio de 1999. “Los delitos que me imputan en estos momentos son secuestro extorsivo, rebelión y homicidio agravado, de los cuales puedo aceptar rebelión, pero yo ya había cancelado eso con el Estado”, contó después de la reunión.
En calidad de trasladados
Al lado del salón de reuniones queda el gimnasio, que tiene dos pesas artesanales. Las construyeron con palos finos y cemento. Algunos pasan allí parte del tiempo, mientras otros chatean con sus familiares alrededor del alambrado. De ahí no pueden salir, aunque no existen rejas de seguridad que lo impidan.
Aquí no hay un régimen como en las cárceles de las que salieron. Tres guardias del Inpec, que pernoctan en la sede del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación en la vereda La Guajira (ubicada a un kilómetro), hacen ronda tres veces al día para contar a los reclusos.
La restricción es voluntaria, me dijo Elías Liscano, otro integrante del frente 53 de las FARC, quien fue capturado por las autoridades en diciembre de 2014, en Uribe (Meta) cuando desarrollaba un trabajo de finanzas para la organización insurgente.
“Acepté ser rebelde, ser guerrillero, y asumimos las consecuencias que sean necesarias. La extorsión era una tarea necesaria para el movimiento, porque acá se tiene que comer, vestir y conseguir material de guerra”, apuntó Lizcano.
Luego me explicó por qué nadie se iba de esa cárcel sin rejas y en la sabana. “El que se quiera ir de acá, pues individualmente responderá, pero creo que de los que estamos aquí nadie va a preferir eso. Entonces eso no va a pasar”.
La puja por la verdad
Bayron, quien por seguridad aún no quiere revelar su nombre de pila, tiene otra parte de la verdad de este conflicto. Tiene un parche negro en el ojo derecho, le hace falta una mano y fue guerrillero de la columna más perseguida por las Fuerzas Militares durante la guerra: la Teófilo Forero. Fue capturado en marzo de 2014, cuando se recuperaba en su casa en Caquetá de las lesiones físicas que le había dejado la guerra.
“Por el perfil de los delitos que tenía, supuestamente era uno de los más diabólicos de la Teófilo. Por eso me trasladaron a la de máxima seguridad, a La Picota”, comentó cuando conversábamos en un morro desde donde se ve la cordillera Oriental.
Su caso es similar al de muchos guerrilleros rasos acusados de terrorismo y homicidio. No obstante, ese será el reto de la JEP, “porque durante el conflicto los fiscales y jueces trataban de acumularnos la mayor cantidad de delitos, de acuerdo con la columna o frente en el que uno estuviera. ¿Para qué? Para condenarnos a más años de prisión”, refirió Bayron.
A nivel nacional hay un listado de más de 3.470 guerrilleros presos. Una cifra que el propio secretariado de las FARC ha venido depurando y que hoy está en 2.471.
Aunque el campamento está diseñado para recibir a 700 presos, las instalaciones deben quedar en poco tiempo habilitadas para algo más de mil personas. Los mismos guerrilleros aún construyen esos alojamientos, que son independientes, pero que están pegados entre sí formando hileras de habitaciones en todo el campamento.
Según la directora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Mónica Cifuentes, esta es la única zona veredal con campamento habilitado como centro transitorio de reclusión, porque es la única que cumple con las condiciones de salubridad, seguridad y accesibilidad exigidas por las Naciones Unidas.
Nadie sabe cuántas personas llegarán finalmente allí, porque los traslados se cumplen según las decisiones de los jueces de ejecución de penas que están resolviendo uno a uno los casos de los presos de las FARC. Por eso, dice Cifuentes, el Gobierno prefiere esperar antes de habilitar otra zona con más instalaciones de este tipo. “De ser necesario, el Gobierno revisará si se puede habilitar otro centro de reclusión en otra zona”.
Uno de los retos pendientes para el Gobierno será afrontar el trámite, a partir del 20 de julio, de la ley estatutaria de la JEP, que deberá resolver con la mayor celeridad la situación de estas personas, pues no pueden permanecer de manera indefinida en este centro transitorio.
Otro asunto a resolver será reglamentar esta zona veredal de Mesetas, teniendo en cuenta que la figura se acabará el 1° de agosto. Por ahora, además de quienes están obligados a estar aquí, ya llegaron 21 expresidiarios que quedaron en libertad condicionada y que podrían estar en sus casas, pero se resguardan en el campamento para proteger su integridad física.
En ese campamento, mientras los excarcelados entre ellos estudian primaria y secundaria, también esperan a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, también conocido como Simón Trinidad, hoy preso en una cárcel de Colorado (Estados Unidos). Igualmente esperan ver a Sonia, extraditada a una prisión de Norteamérica y quien en cinco meses cumpliría su condena. “Y está firme con la lucha”, contaron los que la conocen en el campamento.
Si se cumple el sueño de los guerrilleros presos, de ver a Trinidad en ese campamento algún día, llegaría a unas habitaciones de tres por tres metros, rodeadas a lo lejos por los árboles del Parque Nacional Natural Tinigua. Al campamento donde hay una cancha de fútbol, una mesa de pimpón, un aula improvisada de clases y una zona para poder llamar a sus familiares.
Simón Trinidad está condenado a 60 años de prisión, según las autoridades estadounidenses, por su participación en el secuestro de los ciudadanos norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves. La esperanza de libertad que tenían las FARC se derrumbó el 20 de enero pasado, cuando el saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no lo incluyó en la lista de los 64 indultados.
En el campamento lo recuerdan con consignas. La de las FARC era que todo el que caía en prisión, cuando quedaba libre regresaba, porque, entonces, la guerra no tenía fecha definida. “Venimos a buscar a nuestra familia que somos todos los guerrilleros”, expresó Bayron. “Decirles que nos perdonen por todo lo que hicimos, no queríamos, pero nos tocó por la situación que la época arrojó”, dijo Elías Lizcano a las víctimas y luego recordó que hace casi 13 años, el 31 de diciembre de 2004, Trinidad fue extraditado a una cárcel de Norteamérica.
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