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viernes, 22 de septiembre de 2017

Bloque Central Bolívar: una máquina de guerra con ideario político

Sentencia destaca las similitudes entre libro del bloque de Macaco y el primer Plan de Desarrollo del presidente Uribe

Uno de los libros que recogen el pensamiento del Bloque Central Bolívar tiene coincidencias con el Plan Nacional de Desarrollo de 2002. Foto: archivo Semana


La sentencia proferida recientemente por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra esta estructura paramilitar deja entrever la construcción de una plataforma política para justificar sus acciones criminales. Muchas de sus posturas, según la magistratura, se acercan ideológicamente a los planteamientos del Estado comunitario promovido por Álvaro Uribe Vélez durante su primer mandato de gobierno, iniciado en 2002.

El Plan de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario, hoja de ruta del primer gobierno de Álvaro Uribe, guarda similitudes, en conceptos y narrativas, con las posturas plasmadas en un libro escrito por los principales jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que recogen sus planteamientos y propuestas sobre la realidad política y económicas del país de ese momento.

Así lo consignó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia, en sentencia proferida recientemente contra la cúpula militar, financiera y política del Bloque Central Bolívar (BCB). En ella se lee que “según información aportada en sesiones de audiencia ante esta Sala, el mismo (Plan de Desarrollo) contiene algunos conceptos y narrativas que parecieran tener cierta identidad con el libro escrito por las autodefensas Bloque Central y Bloque Aliado Vencedores de Arauca”.

Se trata de una decisión sin precedentes toda vez que allí se conceden los beneficios de la justicia transicional a 32 reconocidos exjefes paramilitares como Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Germán Sena Pico alias Benedeti y Carlos Fernando Mateus alias Paquita. Además, también se esclarecen 965 crímenes, entre masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia de género, que dejaron unas 1.463 víctimas directas y 5.125 víctimas indirectas.

Pero sin duda uno de los aspectos más llamativos de la providencia es que examina con detalle una característica fuertemente debatida ante el fenómeno paramilitar: la existencia o no de una plataforma ideológica que justificara tanta barbarie.

Eduardo Castellanos, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, considera que las AUC fueron “una alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes, que convergieron a inicios del siglo XXI, para aprovechar las oportunidades que se abrieron con un proceso de paz que, en principio, les ofreció un marco jurídico flexible para la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil”. Así lo dejó consignada en una sentencia de la cual fue ponente, fechada el 23 de mayo de este año.

Pero la magistrada Valencia en su ponencia asegura que el Bloque Central Bolívar (BCB) no sólo fue la más poderosa máquina de guerra que tuvieron bajo su servicio las AUC, sino que, además, “fue la mejor muestra de la intención que tenían las estructuras paramilitares de gestar un proyecto político en aras de alcanzar una representación en los escenarios locales, regionales y nacionales, con personajes que compartieran sus ideales y apoyaran su accionar”.

La identidad con la figura y la propuesta del entonces candidato a la Presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez fue, incluso, admitida por Ernesto Báez en una de sus declaraciones ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá: “Nunca aquí hubo un candidato presidencial en esa época (elecciones presidenciales del 2002) que no conociera quiénes eran los amigos nuestros. Y en una identidad plena con ciertos planteamientos que le hizo al país, yo mismo en Santander, Antioquia, Caldas, sur de Bolívar, siempre dije: nos conviene el doctor Álvaro Uribe Vélez. Es un hombre que ha tenido una claridad total frente a la lucha contra la subversión […] Entonces había muchos puntos de identidad”.

Ideario político


¿Y cuál fue ese proyecto político? Al respecto, la reconstrucción histórica de esta estructura paramilitar hecha por la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía da cuenta de la intención de Carlos Mario Jiménez alias Macaco, y Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar de dotar de significado político sus acciones de guerra. “La definición de una línea política en el BCB fue una prioridad para esta estructura paramilitar”, consigna en sus apartes la sentencia, señalando, además, que, para llenar ese vacío, fue vinculado Ernesto Báez.

“En el año 2000 fue buscado por Jiménez Naranjo y Rodrigo Pérez Alzate para que hiciera parte del naciente Bloque Central Bolívar debido al enorme vacío político que tenía esta nueva estructura paramilitar, en cuanto a la organización con las comunidades y la relación con las tropas”, reza en sus apartes la providencia.

Ernesto Báez terminó sembrando en las mentes y en los corazones de una tropa superior a los siete mil combatientes la semilla contrainsurgente que justificó el asesinato de miles de campesinos inermes, de cientos de dirigentes sindicales, líderes e indígenas, así como el desplazamiento de poblaciones enteras, el reclutamiento de menores de edad y otras tantas violaciones a los derechos humanos.

Buena parte de sus arengas, sus posturas y planteamientos políticos frente a los hechos del país quedaron plasmados en dos libros compilados en una editorial clandestina en Medellín titulados: Pensamiento Social y Político del Bloque Central Bolívar y Escenarios para la paz a partir de la construcción de las regiones. Ambos textos constituyeron parte del material probatorio presentando por la Fiscalía ante los magistrados de Justicia y Paz.

Tras el estudio de las publicaciones, la sentencia consignó en su decisión que el paramilitarismo, por lo menos en el caso del BCB, se propuso, en los territorios donde hizo presencia, erradicar tanto la guerrilla como lo que ellos consideraron “manifestaciones subversivas” tales como las actividades contestatarias, las agremiaciones políticas populares, los sindicatos, los líderes comunales y los defensores de derechos humanos.

“Parte de las prácticas antisubversivas llevó a un proceso de esquizofrenia dentro de la guerra. Las escuelas de paramilitares llegaron a establecer formas para identificar supuestos miembros de la guerrilla, a partir del lugar donde habitaban las personas (zonas en disputa o de dominio guerrillero). O las cicatrices en las manos, que podrían ser producto de la labor del campo, fueron asumidas con aquellas dejadas por el uso de las armas. El parentesco con un guerrillero hizo que las personas fueran etiquetadas como colaborador de la guerrilla, incluso el uso de botas de caucho o el temperamento de cada quien llegaron a ser factores que definieron la imposición de la etiqueta subversiva”, se lee en la sentencia.

En la plataforma política e ideológica construida por Ernesto Báez no sólo se exaltó la guerra contrainsurgente (atribuyéndole a las guerrillas todas las responsabilidades por los males del país); también planteó un modelo de Nación que generara condiciones que atrajeran la inversión extranjera, principalmente en el campo de los hidrocarburos y la explotación minera; se reformara el campo bajo la línea latifundista; y se impulsara la agroindustria.

Lo que llamó la atención de la magistratura es que, junto con el narcotráfico, la agroindustria, la minería y los hidrocarburos constituyeron las principales fuentes de financiación del proyecto paramilitar del BCB. Y no sólo eso. Muchas de las propuestas formuladas por el componente político del BCB con relación a estos temas, que quedaron escritas en las publicaciones ya señaladas, guardan profundas similitudes con los planteamientos que en materia de minería, hidrocarburos y agroindustria consignó el Plan de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario.

¿Similitudes?


“La propuesta plasmada en el libro Escenarios para la paz a partir de la construcción de las regiones, al parecer guarda una serie de concordancias estructurales con el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario 2002-2006; que en concreto se refieren, por ejemplo, a que en los dos textos se plantea una reforma regulatoria en el sector minero y un plan de desarrollo para la infraestructura minera nacional, entre otros”, se lee en la sentencia.

De acuerdo con el estudio comparado de ambos textos que se reseña en la sentencia, el Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) planteó “promover la inversión nacional y extranjera en el sector de hidrocarburos”, algo muy similar a lo planteado por el BCB en su libro Escenarios para la paz: “El sector de hidrocarburos y gas requiere mayor inversión en las diferentes actividades. Una de las características de la década de los noventa fue el constante cambio en las reglas de juego para los inversionistas y la inestabilidad y poca claridad del marco regulatorio”.

También hay similitudes en ambos textos con relación al futuro del sector minero. “Brindar infraestructura de apoyo a la comercialización de minerales, vía establecer esquemas definidos, para la inserción de capital privado, en el desarrollo de infraestructura”, se lee en la página 164 del libro Escenarios para la paz del BCB, mientras que en el Plan de Desarrollo se consigna que para mejorar el desarrollo de este sector “se pondrá en marcha un plan de exploración regional y global del subsuelo (…). Esto permitirá la promoción y entrega en concesión de nuevos prospectos así como un crecimiento en los niveles de producción de minerales extraídos”.

Resultan llamativos en este ejercicio comparado los planteamientos de uno y otro texto con relación al campo. “El desequilibrio entre el campo y la ciudad exige replantear el modelo de desarrollo rural y las estrategias de lucha contra la pobreza y la falta de equidad. El manejo social del campo aborda la ruralidad a partir de un enfoque multisectorial y multifuncional que trasciende la producción agropecuaria, reconociendo la sinergia entre el campo, las regiones, los centros urbanos y las áreas metropolitanas”, establece el cuestionado Plan Nacional de Desarrollo en su página 225.

Por su parte, el libro Escenarios para la paz consigna en su página 49 que “como elemento importante el Plan de Desarrollo asume la exigencia de replantear el modelo de desarrollo rural y las estrategias de la lucha contra la pobreza y la falta de equidad. Se aborda la ruralidad a partir de un enfoque multifuncional y multisectorial, que trasciende la dimensión puramente económica, y reconoce la sinergia entre el campo, las regiones y los centros urbanos”.

Justamente fueron estos tres sectores –además del narcotráfico- en los que incursionó el BCB para obtener rentas para financiar su aparato de guerra. La cooperativa Coproagrosur es el mejor ejemplo de cómo los paramilitares de este bloque incursionaron en la agroindustria: creada a principios de la década de 2000, la cooperativa buscaba incentivar la sustitución de hoja de coca por palma de aceite. Para 2002, los paramilitares compraron los primeros lotes –en un negocio que, hasta ahora, reviste toda legalidad-, crearon la cooperativa que, bajo un ropaje de legalidad, obtuvo millonarios préstamos de la Caja Agraria y de la agencia norteamericana Usaid a través del Plan Colombia.

El BCB también incursionó en minería, principalmente en el sur de Bolívar, el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. La Fiscalía recordó el caso de la mina La Gloria, ubicada en el municipio de San Martín de Loba (Bolívar). Tras su llegada a la región, en 2003, los paramilitares despojaron violentamente de la mina a un grupo de 200 mineros, quienes llevaban décadas explotando el yacimiento de manera artesanal. Meses después se creó la Sociedad Minera Grifos S.A., cuya máxima accionista era Rosa Edelmira Luna, esposa de alias Macaco.

A dicha sociedad le fueron adjudicados tres títulos mineros y en junio de 2004 suscribió contrato de concesión minera con la Gobernación de Bolívar (contrato 0-115, según consta en Catastro y Registro Minero) para la explotación de minerales en un área de 440 hectáreas localizadas en la localidad de San Martín de Loba.

Sobre estas y otras coincidencias narrativas identificadas en uno y otro texto, Ernesto Báez, en una audiencia realizada el 3 de julio de 2014, aseveró que “yo estoy en un 99,9999% convencido que el libro (Escenarios para la paz) sí le llegó al gobierno del doctor Uribe Vélez, lo que yo no puedo afirmar es que haya sido fuente de un documento oficial, me queda claro que a esa fuente oficial que usted tiene en su escritorio (documento Hacia un Estado comunitario) y que de manera tan acuciosa ha encontrado con este libro, me queda claro que ese documento sí no fue fuente del libro, de un libro que empieza a escribirse desde el año 97”.

¿BCB apoyó reelección de Uribe?


“Al parecer, la coherencia entre las propuestas políticas del BCB y el gobierno nacional de la época allanó el camino para las contiendas electorales que iban a tener lugar en el país”, reza la sentencia en sus apartes, al referirse a las elecciones de 2006, que instauraron la reelección presidencial y que ganó ampliamente el entonces primer mandatario, Álvaro Uribe Vélez.

Declaraciones entregadas por Ernesto Báez a fiscales y magistrados de Justicia y Paz, varias de las cuales quedaron plasmadas en la providencia, dejan entrever el “terror” que generaba entre los máximos comandantes paramilitares la extradición a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Según el vocero político del BCB, durante las negociaciones con el gobierno nacional, el entonces alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, empeñó la palabra del presidente Uribe de que eso no sucedería.

De hecho, en una de sus intervenciones ante estrados judiciales relató pormenores de una reunión sostenida el 25 de noviembre de 2004 en Turbo (Antioquia) entre Luis Carlos Restrepo y Salvatore Mancuso en la que él también estaba presente. Ese día, dijo Baéz, el alto comisionado les dijo que el gobierno Uribe les garantizaba la no extradición porque “ustedes tienen que saber que el país está muy bien con el doctor Álvaro Uribe Vélez, y que dentro de ese país están ustedes y que dentro de ese país ustedes tienen influencias, para que esto se dé”.

“Pero el doctor (Uribe) estará solo cuatro años en el poder. ¿Me podrá garantizar que el próximo presidente no nos lleva?”, fue la pregunta que hizo Mancuso en esa reunión, según las palabras de Baéz. “Esa fue la primera vez que escuche la palabra reelección. El doctor Luis Carlos Restrepo nos dijo: estén tranquilos, que como van las cosas como se han planeado, el doctor Uribe Vélez será reelegido”.

Así, según el principal jefe político que tuvo el BCB, “la cúpula paramilitar entendió que la reelección era una necesidad para asegurar los beneficios judiciales obtenidos durante los diálogos. Es así como desde las altas jerarquías de las AUC se libró la directriz de apoyar a Álvaro Uribe en su intento por salir electo para un segundo periodo en las regiones donde ellos tenían influencia, y de esta forma evitar ser extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico”.

No obstante, esos supuestos acuerdos no se cumplieron, por lo menos para la mayoría de los poderosos jefes de las AUC, que terminaron siendo extraditados a Estados Unidos en mayo de 2008 por orden expresa del entonces presidente Uribe Vélez.

En el apartado correspondiente a este análisis comparativo, la sentencia concluye que “lo anterior deberá ser objeto de amplio estudio y análisis, razón por la cual los planteamientos esbozados quedarán a disposición de las organizaciones civiles, comisiones de la verdad o la Fiscalía General de la Nación, para que sean objeto de rigurosa verificación”.

Verdad Abierta

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