Jornada de protesta carcelaria: Crisis sin dolientes

El objetivo de la jornada fue exigir al gobierno nacional soluciones, de una vez por todas, a las difíciles condiciones en que se encuentran los internos del país.

Ciudadanos se solidarizaron con la problemática de los presos políticos.

Hernán Camacho

Se adelantó en Colombia una jornada de protesta, convocada por el Movimiento Nacional Carcelario, desde el pasado 20 de octubre en el Establecimiento Reclusión de Orden Nacional (ERON) Picota y se extendió a varias cárceles del país. La desobediencia civil llegó a los establecimientos penitenciarios de alta y mediana seguridad de Valledupar, la cárcel de San Isidro en Popayán, la penitenciaria de Cómbita en Boyacá, Picaleña; además de las prisioneras de la cárcel de Jamundí en el Valle del Cauca y el Buen Pastor en Bogotá, solo por mencionar algunas.

El objetivo de la jornada fue exigir al gobierno nacional soluciones, de una vez por todas, a las difíciles condiciones en que se encuentran los internos del país. El hacinamiento, la falta de atención médica digna y oportuna, las constantes violaciones a los derechos humanos de los recluidos y la ausencia de acceso a la Justicia son algunas de las razones por las cuales se convocó la protesta. El Movimiento Nacional Carcelario pide que se implementen herramientas educativas, recreativas, y que se regionalicen los detenidos oriundos de zonas apartadas del país, entre otras peticiones.

“La situación no da espera”, dicen voceros del Movimiento Carcelario, quienes llaman la atención por medio de huelgas de hambre, tras acudir a todas las instancias de gobierno y no encontrar soluciones a la crisis. Desde el Ministerio de Justicia se anuncian paños de agua tibia como el cambio en la cúpula del Inpec que estaría a cargo ahora del coronel Luis Ramírez Aragón, ex comandante de Policía de Cartagena, y la creación de más cupos para las cárceles, a sabiendas de que el número de reclusos hoy triplica la capacidad de cada uno de los centros carcelarios.

“Esto es una cuestión muy seria y en 11 cárceles se están adelantando movimientos pacíficos de protesta. Huelgas de hambre, brazos caídos, desobediencia a las órdenes, en fin. El país, el gobierno, deben entender que este es un problema muy serio”, dijo Iván Cepeda, quien visitó la cárcel La Picota tras conocer la huelga de hambre que emprendieron allí reclusos llamando la atención por la crisis humanitaria.

El proyecto 082

Aun cuando el proyecto de ley 082 de 2013, presentado por el Partido Conservador y acompañado por organizaciones no gubernamentales que conocen la situación carcelaria, no se ha hundido en el Congreso, sigue teniendo importancia, pues se convierte en una alternativa para descongestionar las cárceles y paliar la crisis. El proyecto pretende rebajar hasta en un 20% las penas de todos los condenados del país. No obstante sigue refundido en el pantano legislativo pues, desde su radicación en 2013, solamente ha sido discutido en primer debate y aún no tiene fecha para llevarlo a la plenaria del Senado.

Según los ponentes, el proyecto no soluciona en su totalidad la crisis del sistema pero sí redundará en beneficios para el sistema penitenciario, para las familias de los internos y para la sociedad en general, pero sobre todo logrará disminuir la cifra de hacinamiento en los establecimientos del país.

“Las condiciones de detención imposibilitan que los internos tengan un mínimo vital, como es la exigencia de los estándares internacionales, afectando el acceso a la salud e incide directamente en las condiciones higiénicas y el acceso del agua potable, así como al derecho a la intimidad. En varias providencias judiciales se contempla el hacinamiento como un estado permanente de tortura y representa un riesgo contra la vida misma de los internos”, dice la exposición de motivos del proyecto.

Crisis humanitaria

Los problemas son medulares. El Movimiento Nacional Carcelario insiste en la instalación de una mesa de concertación y diálogo con el gobierno en donde participe la sociedad, no solo para acordar las soluciones a la crisis sino coadyuvar en la política penitenciaria. Los reclusos creen que en tal mesa puedan sentarse además de la rama judicial, las familias de los internos, la Defensoría del Pueblo, el Inpec y expertos que acompañen las soluciones integrales a la problemática.

Y es que buena parte de la crisis se sustenta en la incapacidad del gobierno nacional de descongestionar los juzgados de penas y medidas de seguridad que hoy no dan abasto para solucionar las solicitudes de subrogados administrativos y penales que en algunos casos los reclusos no los reciben a pesar de cumplir con los requisitos. “La población carcelaria durante los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009”, complementa el proyecto de reducción de penas.

Desde Cómbita, los prisioneros políticos no solo se sumaron al Movimiento Nacional Carcelario, sino también denunciaron maltratos el pasado lunes en medio de las protestas pacíficas que se adelantaron en ese penal. Según informaciones allegadas a VOZ, la guardia del Inpec arremetió contra los presos políticos y de conciencia con el ánimo de amilanar la protesta. “Los guardianes actuaron como si fueran a evitar un motín violento, pero estábamos en una protesta pacífica. De hecho se llevaron a varios internos para las celdas de aislamiento. Tememos por la suerte de ellos”, dijeron voceros del colectivo de presos políticos del patio 1 de Cómbita.

La Tramacúa

Un decálogo de quejas asoma desde La Tramacúa, una penitenciaria ubicada en Valledupar y calificada como la más ominosa por la ausencia de servicios públicos básicos para la subsistencia humana, como el agua potable. A través de sus rejas, reclusos de todo tipo se unieron a la protesta nacional y denunciaron manejos indebidos en el presupuesto asignado a la cárcel para la dotación de sanitarios: La Tramacúa sigue siendo “la Guantánamo” de Colombia, el centro número uno de tortura y violación sistemática de los derechos humanos.

Pese a múltiples denuncias y jornadas de protesta pacífica y un gran número de tutelas falladas a favor, la situación no mejora y al contrario, bajo la última administración del teniente coronel (r) Gonzalo Alberto Barriga Flechas, la corrupción que denuncian la explican así: “Que con la partida presupuestal de 2.100 millones de pesos para reparar la red hidro-sanitaria se dio inicio hace un año a la reparación, pero hace cuatro meses suspendieron las obras sin terminar siquiera la primera torre. Nadie da razón de ese elefante blanco”.

Los extraditables

Otras de las peticiones están relacionadas con la extradición de nacionales. Con relación a ello el Movimiento Carcelario reclama un juicio justo en Colombia. Los extraditables, como se llaman los colombianos recluidos en las penitenciarías de máxima seguridad y que están a la espera de engrosar la lista de reclusos en Estados Unidos, se unieron a la protesta convocando una audiencia ante el Congreso de La República para sacar a la luz las irregularidades y la corrupción que operan en el sistema policivo y judicial antidroga, “el cual está usando la extradición como negocio contra ciudadanos inocentes y como arma de guerra contra presos políticos”.

Los extraditables señalaron: “Con la extradición de colombianos se adquirió un mecanismo de cooperación internacional buscando que los delitos cometidos por colombianos en el exterior no quedaran impunes. Sin embargo, es mucha la mutación que ha tenido esta figura frente a los convenios o tratados con otros países, y en particular con los Estados Unidos. Con este país, la extradición se ha convertido en un programa sistemático, que entre el 20 y el 25 de cada mes envía de 15 a 20 colombianos, violentando sus derechos fundamentales, pues ‘como sea’ el programa debe cumplir para justificar el presupuesto que el gobierno norteamericano le asigna”.

Las mujeres del Movimiento Carcelario también se hicieron presentes en la protesta y, desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, reiteraron la importancia de juntar esfuerzos y explorar caminos en busca de la mesa de concertación entre la población carcelaria y el Ministerio de Justicia y todas las instancias gubernamentales que tienen influencia en el sistema carcelario.

El colectivo de mujeres Manuelita Sáenz subrayó: “En un estado de cosas inconstitucional, sistemáticamente se continúan vulnerando, estigmatizando y criminalizando a miles de colombianas, hombres y mujeres confinados en la infamia de estas mazmorras. De ahí la importancia de impulsar y fortalecer el Movimiento Carcelario para restablecer las mesas de trabajo que promuevan la dignificación de las cárceles en nuestro país y los cambios estructurales que requieren la política criminal y carcelaria”.

Mientras en las cárceles la protesta no para, en el Ministerio de Justicia y el Derecho, se hacen de oídos sordos ante la crisis, esquivando cualquier solución estructural que necesita el sistema.

Semanario Voz