Ana León
La semana pasada El Tiempo reveló detalles del preacuerdo que le solicitó a la Fiscalía la exsecretaria de Infraestructura de Santander Claudia Toledo, en el que podría vincular con hechos de corrupción en contratación al entonces gobernador, Richard Aguilar, hoy senador de Cambio Radical.
En ese documento, Toledo, quien fue capturada en octubre pasado por su presunta participación en una “red de corrupción”, dice que quiere contarle a la Fiscalía cómo, según ella, Aguilar asignaba los procesos de la Gobernación a contratistas específicos antes de que salieran a concurso pero no dice cuáles ni a quiénes.
También dice que explicará la injerencia que supuestamente tuvieron en ello tanto asesores del gobernador como diputados y congresistas de la época.
Aún no se sabe a quiénes más va a señalar ni cómo los va a relacionar. Tampoco si la Fiscalía acepte sus pretensiones. Lo cierto es que en su momento Toledo capoteó varias denuncias por irregularidades en la contratación y presuntos favorecimientos que ahora podría resolver.
Las denuncias de los contratos de los Valderrama
Durante la administración de Richard Aguilar se consolidaron unos megacontratistas en Santander en medio de cuestionamientos por las condiciones bajo las que fueron licitados varios contratos.
Los hermanos Mario, Fernando y Ricardo Valderrama Cordero, dueños de tres empresas (Valco Constructores, Constructora VC y VG Constructores), solo entre 2014 y 2015 llegaron a contratar en consorcios $631 mil millones entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación, consolidándose como uno de los dos grupos empresariales con mayor contratación en el departamento, según la Auditoría General de la Nación.
Más allá de la recurrencia con la que los Valderrama ganaban contratos -que es legal-, están las denuncias que en su momento hicieron la veeduría del Comité Transparencia por Santander y varias empresas que les hacían competencia.
Apuntaban a que las condiciones de los concursos presuntamente los favorecían.
Así ocurrió con megaobras como el corredor vial San Gil—Charalá—Límites ($198 mil millones) y el Tercer Carril ($186 mil millones), licitadas por la administración de Aguilar.
Esas dos obras hacen parte del contrato plan que Juan Manuel Santos firmó con Aguilar en 2013 y del que Toledo dijo en el preacuerdo que también dará información. Concretamente sobre cómo se hicieron seis licitaciones de ese plan que suman más de $500 mil millones.
En 2016, Vanguardia Liberal contó que esas y otras dos obras de los Valderrama fueron objeto de una inspección judicial de la Fiscalía en medio de una investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador por irregularidades en contratación pública.
Además, en sus primeros meses de gobierno, el actual gobernador, Didier Tavera, denunció que el banco de maquinaria que su antecesor compró para el mantenimiento de vías del departamento por $56 mil millones resultó ser chino, aunque se pagó a precio de máquinas Caterpillar, lo mejor de ese mercado.
Luego la Contraloría Departamental detectó hallazgos fiscales por cinco mil millones de pesos en ese contrato, que también ganaron los Valderrama.
Más allá de su buena racha durante su Administración, no se conoce que exista una relación entre Richard Aguilar y los Valderrama, salvo que sus empresas empezaron a figurar en la ejecución de megacontratos departamentales cuando su padre, el condenado por parapolítica Hugo Aguilar, fue gobernador.
El papel de Felipe Villamil y Julián Jaramillo
Toledo también dice que podría revelar qué asesor de Aguilar era el supuesto encargado de reunirse con los contratistas previamente escogidos por el gobernador para, según ella, pactar las coimas. Así como quiénes en su Secretaría participaban junto con ella en la planificación de la entrega de los contratos sin haber sido licitados.
Aunque no hay denuncias formales al respecto, durante la administración de Aguilar dos personas de su primer círculo de confianza sonaron en los corrillos políticos del departamento por estar relacionados con la contratación tras bambalinas: Felipe Villamil y Julián Jaramillo.
Jaramillo fue el director de proyectos en la Secretaría de Infraestructura, es decir el segundo al mando en esa cartera después de Toledo. Villamil fue contratista y trabajó como asesor de despacho y también de enlace entre el Instituto de Desarrollo Financiero de Santander (Idesan) y la Gobernación.
Dos fuentes que trabajaron en la Gobernación de Aguilar y fueron de las entrañas de su grupo político le dijeron a La Silla que tanto Villamil como Jaramillo eran los encargados de una oficina en la que revisaban los contratos de obra civil antes de autorizar desembolsos de dinero.
De Villamil en particular, en su programa Hable con el Alcalde, Rodolfo Hernández dijo que él estaba a cargo de una oficina en la que le ponían “un sello seco” a los contratos “para que en Tesorería pagaran las cuentas de los contratistas” durante la gobernación de Aguilar.
Sin embargo, La Silla no pudo probar esas versiones.
Así, la posibilidad de que lo que Toledo cuente resulte coincidente con los escándalos que han tocado a Aguilar (hasta ahora sin pruebas) está abierta.
La Silla Vacía
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