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| La columna del PCC y Marcha Patriótica atacada por la Policía Nacional en la protesta. Foto MP. |
Agencia Prensa Rural
El paro nacional agrario y popular que se adelanta en todo el país desde el 19 de agosto pasado, tras duras jornadas de movilización en todas las regiones de Colombia, ha puesto de nuevo en el centro de debate la política agraria nacional.
Los diversos sectores sociales que se han sumado a las protestas coinciden en el gran impacto negativo que han causado los tratados de libre comercio (TLC) con potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Además, han cuestionado las políticas agrarias de los últimos gobiernos, que lesionan gravemente la economía campesina.
Por eso, los sectores en paro sostienen que la actual crisis del campo es causada por el dogma neoliberal materializado en los desiguales acuerdos de libre comercio. Y que algunos subsidios estatales para solventar la situación no son la solución.
Ante el paro, que se ha sostenido por más de dos semanas en por lo menos 16 departamentos del país, las autoridades han respondido con maniobras como mostrarlo como un problema de orden público, cuando se trata de una legítima protesta con origen en las políticas económicas y sociales de los últimos gobiernos. Entre ellos, el de Álvaro Uribe, quien cínicamente expresó su supuesto apoyo, cuando es uno de los principales responsables de la situación, y en cuyo mandato se negoció el TLC con Estados Unidos.
En el paro agrario y popular han confluido diferentes sectores sociales y gremiales. Además de los trabajadores del campo, se han vinculado el sector salud, los camioneros, y desde el 29 de agosto el movimiento estudiantil reunido en la MANE.
Dentro del sector rural, comunidades campesinas e indígenas con una perspectiva clasista han conformado la Mesa de Interlocución y Acuerdo del sector agropecuario y popular (MIA). Esta instancia busca impulsar un pliego de peticiones común de seis puntos y gestionar su negociación con el Estado central.
La MIA
La MIA nacional reúne a comunidades y organizaciones campesinas e indígenas de 16 departamentos. Entre ellos, Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del Cauca.Esta iniciativa surgió del sector agrario de la Marcha Patriótica, que a partir del duro paro del Catatumbo de los últimos meses, se reunió para analizar la situación del campo y elaboró un pliego de peticiones al gobierno nacional que resume las necesidades fundamentales del campesinado en el momento: medidas para solucionar la crisis agropecuaria, mayor acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento de la territorialidad campesina, participación de las comunidades en la política minera, garantías para el ejercicio de los derechos políticos y mayor inversión social.
Aunque las condiciones del movimiento campesino y las posibilidades de movilización varían en cada región, se logró constituir esta mesa nacional, que funciona con dos delegados por cada departamento, en constante comunicación con sus bases, más los delegados que representan a organizaciones nacionales; distribuidos en seis comisiones temáticas, una por cada punto del pliego, con un equipo de 12 voceros encargados de la interlocución directa con el gobierno.
Acompaña a la MIA nacional un grupo de asesores políticos y legales que han venido haciendo un importante cabildeo para que el gobierno nacional reconozca a esta fuerza de articulación campesina e inicie la discusión y solución del pliego. Esto entendiendo que la MIA representa a sectores campesinos, indígenas y de trabajadores rurales que no se reconocen en las peticiones de los gremios productores conformados por empresas y hacendados del campo, aunque compartan algunas de sus posturas, especialmente en relación con la defensa de la producción nacional frente a la amenaza de los tratados de libre comercio.
La MIA marca un importante hito en la historia reciente del movimiento campesino, y de su solidez y coherencia depende que se convierta en un importante referente que permita unir al sector agrario con posturas clasistas, superando la crisis en la que ha venido cayendo el sindicalismo patronal y los intereses particulares de cierta “burguesía nacional” agraria.
Criminalización de la protesta social
El exceso de fuerza de la Policía Nacional y de los demás organismos represivos ha sido la constante durante el paro agrario y popular. Pero además, el gobierno nacional ha recurrido a la estigmatización de las movilizaciones y a la judicialización de los manifestantes.Huber Ballesteros, uno de los voceros de la MIA, fue detenido el 25 de agosto gracias a un montaje judicial basado en declaraciones de Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, el autor de la falsa desmovilización de una inexistente columna guerrillera en el Tolima, junto con el entonces alto comisionado para la Paz y hoy prófugo de la Justicia, Luis Carlos Restrepo.
A estas versiones inverosímiles se suman supuestas pruebas recogidas en los mágicos computadores de la insurgencia, según las cuales la federación campesina Fensuagro, con presencia nacional y con más de 30 años de lucha, sería una simple fachada de las FARC para conseguir dinero.
Otros manifestantes han sido judicializados con el solo hecho de participar en el paro, con base en la arbitraria ley de seguridad ciudadana del 2011.
En total, son más de 500 personas las procesadas bajo diferentes cargos durante el paro, y que probable y lamentablemente pasen a engrosar la población carcelaria del país que sobrevive en duras condiciones con más de 50% de hacinamiento.
La detención de Huber Ballesteros y los demás manifestantes no es más que una acción provocadora y revanchista frente a la contundencia del paro agrario. Con ella se pretende limitar las acciones de protesta con la intimidación y el temor generalizado. Por eso, diferentes sectores populares han exigido su inmediata liberación y el cese de la penalización y criminalización de la protesta social.
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| Mujeres protestan el 29 de agosto de 2013, en la movilización de Bogotá. Foto Marcha Patriótica. |
Semanario Voz
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