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viernes, 1 de mayo de 2015

Los trabajadores y la paz

La paz tiene que ver con todos. “Es la base de la convivencia en una sociedad donde van a persistir las diferencias y las desigualdades, pero donde pueden existir normas justas para el ejercicio de la política con respeto al derecho a la vida”

Trabajadores mineros.



Alfonso Conde C.

El 11 de noviembre de 1887 se consumó la ejecución (muerte por ahorcamiento) de los periodistas que acompañaron, el 1 de mayo de 1886 y días subsiguientes, la revuelta de los trabajadores de Chicago. Ellos impulsaban la consigna de reducir la jornada de trabajo a ocho horas diarias.

Treinta y siete años después, en Colombia, Raúl Eduardo Mahecha y la dirección de la Sociedad Unión Obrera (SUO), sindicato petrolero anterior a la actual Unión Sindical Obrera, fueron judicializados y encarcelados por 17 meses por adelantar una huelga en Barrancabermeja en procura de la jornada de los tres ochos y por la reversión de la Concesión de Mares.

En 1927, con la orientación de Ignacio Torres Giraldo y María Cano, la SUO volvió a declarar la huelga petrolera ante el incumplimiento de lo acordado tres años antes. El presidente Miguel Abadía Méndez, último de la hegemonía conservadora, en uso de la llamada por unos “ley heroica” y por otros “ley Flanagan” haciendo referencia a un directivo de la empresa petrolera, desató una persecución militar que causó el desplazamiento forzado de cuatro mil trabajadores y pobladores de Barrancabermeja. La huelga fue derrotada por la fuerza de las armas.

Un año después, en 1928, bajo la misma ley se produjo la masacre de las bananeras en Ciénaga (Magdalena), para reprimir la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company; la masacre significó el asesinato de incontables trabajadores (el general Cortés Vargas, comandante de la operación, reconoció 47, mientras el embajador norteamericano habló de más de mil). Nuevamente las armas impusieron su razón.

Judicialización y encarcelamiento, estigmatizaciones, desplazamiento forzado, asesinatos y masacres contra el pueblo se han presentado, al menos, desde comienzos del siglo pasado. La constante ha sido el ejercicio de la violencia, oficial o extraoficial, contra los trabajadores que luchan por sus intereses de clase. Desde entonces la historia de Colombia registra miles de repeticiones de acciones aberrantes contra los desposeídos del campo y la ciudad y sus organizaciones sociales y políticas. También se registran respuestas diversas de resistencia frente a las agresiones, desde movilizaciones y huelgas hasta las acciones guerrilleras.

Los actores de esa guerra han sido, y aún siguen siendo, por el lado de los explotadores, el sector latifundista semifeudal, que ha acudido históricamente al sistema de acumulación de riqueza por la expropiación violenta del campesinado; empresas transnacionales en su afán de explotar masivamente los bienes primarios de nuestro territorio, y una gran parte de la burguesía, aliada del imperialismo, en su afán por mantener y acrecentar sus privilegios en contra de los intereses de la población. Del otro lado han estado los desposeídos. Sin embargo hay quienes torpemente creen que el asunto de la guerra y de la paz no tiene que ver con ellos.

La paz tiene que ver con todos. Como dicen los documentos del Partido Comunista Colombiano, “es la base de la convivencia en una sociedad donde van a persistir las diferencias y las desigualdades, pero donde pueden existir normas justas para el ejercicio de la política con respeto al derecho a la vida, al derecho a la igualdad política para todos, al derecho a los medios de vida, al derecho a disentir, a luchar y a rebelarse contra todo aquello que daña la dignidad”.

“No es solo finalización de la guerra. Son todas las garantías para que se cumpla lo pactado, para que los insurgentes puedan integrarse a la vida civil sin el temor frente a su integridad, para que todos los ciudadanos puedan ejercer con plenitud sus derechos en todos los lugares del territorio, para que las víctimas del exterminio, de la represión y de la guerra accedan a la reparación justa y al compromiso de no repetición; para que puedan decidirse y ejecutarse reformas fundamentales en la ruralidad, la salud, la educación, la vivienda, la preservación del medio ambiente natural, la defensa del agua y florezcan nuevos espacios para la libertad y el ejercicio político para millones de excluidos”.

En este Primero de Mayo las movilizaciones de los trabajadores que conmemoran las luchas obreras tendrán que considerar, además de sus reivindicaciones y sus motivos de protesta contra las políticas que nos oprimen, la exigencia de la continuidad, profundización y conclusión exitosa de los diálogos hacia la paz con justicia social y democracia para todos.

Semanario Voz

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