La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del general (r) Mauricio Santoyo quien ya pagó una pena de prisión en Estados Unidos por sus nexos con el paramilitarismo y colaborar con narcotraficantes
Este viernes se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó la solicitud de sometimiento que pidió el propio general (r) Mauricio Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del presidente colombiano Álvaro Uribe entre 2002 y 2005, y le concedió el beneficio de la privación de la libertad en una unidad policial.
Así lo informó El Tiempo, que obtuvo la notificación que le envió la JEP a Santoyo donde le informa que lo aceptan en el tribunal de paz por razones de competencia.
Los delitos que afronta el exuniformado son concierto para delinquir agravado, presunta coautoría en la desaparición forzada de varias personas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Cabe recordar que Santoyo fue condenado en 2012 a trece años de cárcel en Estados Unidos y al pago de una multa de USD 125 000 por mantener vínculos con paramilitares y colaborar con narcotraficantes. Pena que cumplió hasta el 2019 cuando regresó al país, pero a su llegada al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, fue capturado por las autoridades colombianas.
El 10 de marzo de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP declaró la competencia exclusiva y prevalente en relación con el proceso que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra el general (r) por concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
El general (r) Santoyo hizo parte durante treinta años de la Policía, de donde se retiró en junio de 2009. La Fiscalía General de la Nación señala que, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, el oficial aceptó voluntariamente que participó en la “interceptación de líneas telefónicas”, en su calidad de “comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.
También la Fiscalía cita los testimonios rendidos por postulados de Justicia y Paz quienes aseguraron que “para la época de dichas desapariciones el hoy general Santoyo Velasco prestaba colaboración a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá [con la] interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas”, y asociaron el nombre de Asfaddes de manera inmediata al nombre de Santoyo.
Según la Fiscalía, Quintero Mesa y Monsalve Pulgarín fueron “producto de una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes de Estado”, que se orquestó contra Asfaddes, algunos de cuyos familiares eran miembros de la Unión Patriótica.
El 26 de abril de 2019, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento al general (r) Santoyo como autor de los delitos anteriormente mencionados, medida que le fue notificada y ejecutada el 29 de abril de 2019 cuando el general (r) fue deportado de Estados Unidos, luego de ser procesado por apoyar a grupos paramilitares, delito que reconoció en ese país.
Infobae
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