Ley de Comunicación en Ecuador: El dedo en la llaga

Conversación del presidente de Ecuador, Rafael Correa, con diferentes medios de comunicación de ese país. Foto Presidencia de Ecuador.

Tras la aprobación de la nueva Ley, este país suramericano vive una nueva realidad, donde los detractores han profundizado sus críticas y sus defensores están a la espera de que no se convierta en letra muerta


Cristóbal Rodríguez Guerra
Especial para VOZ

La nueva Ley de Comunicación aprobada el pasado 14 de junio por la Asamblea Nacional (110 votos a favor y 25 en contra), ha puesto en apuros a decenas de periodistas, denominados “sicarios de tinta” y a “propietarios” de medios de comunicación privados o “mercantilistas”, como han sido calificados por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado.

Varios son los puntos clave que la rodean: Responsabilidad ulterior, redistribución de frecuencias, condiciones para quienes manejen los medios, profesionalización del periodista, linchamiento mediático, entre otros. También está el “uno por uno”, o la difusión equitativa de la producción artística en general: 50% nacional y 50% extranjera.

El sector opositor a la Ley, detractor del actual régimen correísta, ha recurrido a una serie de artimañas y activado todos los mecanismos a su haber, tanto nacionales como internacionales.

Por ejemplo: en el campo internacional, la relatora para libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, dijo que la Ley de Comunicación debe ser “revisada” por el Gobierno del Ecuador, frente a una posible restricción “severa” de la libertad de prensa. Otros sectores internos, como los partidos de derecha, también han levantado acciones como una demanda de esta Ley ante la Corte de Justicia.

Sin embargo, los sectores beneficiarios aglutinados en organizaciones populares, indígenas y campesinas han visto favorable su contenido:

En uno de los programas radiales de opinión, que no se alinean a los medios privados, como es “Alternativa”, que se transmite por Radio Pichincha-Universal en la ciudad de Quito, sus oyentes han denunciado con insistencia, que los medios privados les cierran el teléfono cuando hablan no solo de lo positivo que significa contar con la nueva Ley de Comunicación, sino cuando se refieren a temas que favorecen al actual régimen.

Responsabilidad ulterior Vs. censura previa

El Artículo 18 de esta nueva Ley, deja en claro que queda estrictamente prohibida “la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero”, dejando sin piso lo que hacían los medios fácticos, vinculados con la comunicación, el poder económico y el político.

En otro párrafo de este articulado relacionado con la responsabilidad ulterior, establece que “los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa”, otro banderillazo a los medios, toda vez que la manipulación mediática apuntó siempre a impedir que hechos de suma importancia como el intento de golpe de Estado registrado el 30 de septiembre de 2010, donde buscaron asesinar a como diera lugar al primer mandatario, sea conocido.

Pero, a más de la pérdida de control y poder de los propietarios de los medios de comunicación y sus patronos burgueses, lo que más les duele es que, tras la violación de este artículo deberán pagar fuertes multas económicas: “Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.”

Y, son justamente, las repercusiones judiciales lo que también ha puesto “los pelos de punta” a este sector injusto e ilegalmente privilegiado de la sociedad ecuatoriana. En el Artículo 21 se habla de la responsabilidad ulterior de los medios: “El medio de comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar [] por [haber incumplido] su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por la Superintendencia de la Información y Comunicación [-previo el debido proceso-] [] que [hayan] sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley.”

Redistribución de frecuencias

Esta Ley de Comunicación, continuamente atacada por los “medios mercantilistas” puso “el dedo en la llaga” cuando instituyó la regulación de la redistribución de frecuencias, esto es: 33% para el sector privado, 33% para el público y 34% para los sectores comunitarios.

Pero esta reorganización de frecuencias no es sólo el torniquete que busca poner fin al festín de un sector privilegiado de la sociedad ecuatoriana, donde algunos “iluminados” mantienen hasta una veintena de radiodifusoras, periódicos y revistas bajo su control, como es el caso del propietario del Banco del Pichincha, Fidel Egas, quien por Ley, debió vender Teleamazonas, canal de televisión, pero que al parecer aún está bajo control del banquero, pese a que la Ley lo prohíbe.

La prohibición de que un banquero tenga medios de comunicación, originó una campaña mediática no sólo a nivel nacional sino internacional, buscando frenar esta Ley que no convence a todos, pero sí a una gran mayoría.

Pero no sólo banqueros han venido controlando los medios en el Ecuador, muchos fueron legisladores, quienes tramitaron decenas de frecuencias a su favor o a testaferros, beneficiando directamente al poder económico de este país andino. Hay que recordar que el 90% de estas se encuentran en manos del sector privado.

Linchamiento mediático

El linchamiento mediático está siendo duramente criticado por la oposición política. Esta nueva figura incluida a última hora, busca frenar campañas mediáticas concertadas entre sectores informativos en contra de una o más personas con el afán de desprestigiarlo o neutralizar su accionar social y político.

Para Julio César Trujillo, más que jurista, político cercano al movimiento opositor Pachakutik, el que se haya incluido en la Ley de Comunicación la figura del linchamiento mediático, es un “disparate jurídico”, olvidándose que el sector indígena, al que está vinculado ideológicamente, fue objeto de esta aberración comunicacional desde que se tiene memoria, en otras palabras, desde que los españoles invadieron tierras amerindias.

Luego de 1.302 días de continuo boicot, por fin se constituyó en Ley de la República, la misma que deberá empezar a ponerle freno a quienes creen que la libertad de expresión es la “libertad de mercado” y los individuos que la leen, escuchan o miran, su mercancía.

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