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| Jorge Montes, líder de los Montes de María. Foto: El Universal |
Redacción Judicial
Luego de que en marzo pasado un juzgado penal especializado de Cartagena condenara a Jorge Luis Montes a 39 años de prisión por homicidio en persona protegida, secuestro, desplazamiento forzado y rebelión, el líder social de los Montes de María (Carmen de Bolívar) recobró su libertad. El hombre de 40 años, quien estuvo cuatro recluido, firmó acta de compromiso para comparecer ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero aseguró que lo hará en calidad de inocente. Tan pronto se conoció su salida de la cárcel —que se dio hace casi un mes— el ahora movimiento político FARC señaló que Montes nunca fue parte de la subversión, aunque la Justicia concluyó lo contrario.
El comunicado de la FARC señaló que Montes es víctima de un falso positivo judicial, sentenciado por haber cometido crímenes como miembro de los frentes 35 y 37 de esa guerrilla. Afirmó que “no ha pertenecido bajo ninguna modalidad a nuestra organización”. Este es un caso tan emblemático en el universo de la defensa de los derechos humanos que en su favor se pronunció hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien criticó que los testigos hablaran no contra Montes, sino de forma genérica, y que el único que sí lo acusó directamente se hubiera retractado. “Esperamos que muy pronto el defensor Jorge Montes sea liberado y reparado”, manifestó Howland en Semana.
En la sentencia de 35 páginas, en la que se condena a Montes, a la que El Espectador tuvo acceso, se narra sobre la responsabilidad del líder social en la muerte de Élmer Salazar, Rodolfo Segundo Villegas y Rafael Torres el 1 de agosto de 2000 en Macayepo, Carmen de Bolívar. Los tres hombres eran señalados por la guerrilla de haberse lucrado con dineros del poderoso jefe paramilitar y responsable de varias masacres en la zona, Rodrigo Mercado Peluffo alias Cadena. El juzgado aseguró que los familiares de las tres víctimas fueron desplazadas forzadamente, luego de que Montes los hubiese amenazado con reclutarlos contra su voluntad a la guerrilla.
Otro hecho que se le atribuye a Montes es el secuestro de Julio Salazar Valle, cinco días después de los asesinatos. Salazar fue plagiado en la finca El Esfuerzo, ubicada en el corregimiento Plan Parejo de San Onofre (Sucre). Una prueba contra Montes fue el testimonio de un familiar de las víctimas, quien le contó a la Fiscalía que, aunque nunca vio a Montes de fusil y camuflado, “sí tenía pleno conocimiento que era miliciano de las FARC”. Otros dos familiares señalaron que vieron a Montes “y otras personas de la guerrilla (que) al parecer celebraban la muerte de las tres personas, haciendo alusión, incluso, en la forma como las víctimas imploraban por sus vidas”.
Los testimonios recogidos por el fiscal del caso también señalaron que Jorge Montes era el encargado de recaudar recursos para los frentes que operaban en la zona y de reunirse con líderes guerrilleros de la zona conocidos con los alias de Arturo y Enrique, quienes supuestamente orientaban a Montes en su labor con la comunidad. Un reinsertado de las FARC, Danilson Rafael Serrano Hernández, dijo que el líder social “obligaba” a los campesinos a que ayudaran en el arreglo y construcción de caminos o, de lo contrario, serían multados. Ese fue el desmovilizado que —contó Todd Howland— se retractó diciendo que, para la época de su declaración, los desmovilizados se prestaban para lo que los fiscales pidieran a cambio de beneficios.
La defensa del líder social, por su parte, aseguró que ningún testigo del secuestro de Salazar Valle lo señaló, ni siquiera la propia víctima. El abogado de Montes expresó que tampoco se pudo demostrar irrefutablemente que él delinquió o participó en hechos atribuidos a la guerrilla. Además, destacó su labor como líder: “Para 2010, Montes organizó dos movilizaciones en Cartagena en las que participaron más de dos mil campesinos, con el fin de llamar la atención a las autoridades frente a la pérdida en los cultivos de aguacate por los efectos de los bombardeos de la Armada en la época de mayor violencia en el país”, expuso la defensa.
En septiembre de 2013, tras haber recibido panfletos amenazantes contra sus actividades como coordinador del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña de Carmen de Bolívar, Montes fue detenido. Junto con él fueron amenazados otros líderes de la zona y miembros del comité coordinador de la organización Caminata Pacífica. En el momento de su detención, así como ocurrió en 2006 previo a su posesión como concejal de Carmen de Bolívar, fue acusado de pertenecer a la insurgencia. Su captura se legalizó pasado un año y medio, a pesar de que legalmente hay un límite de 36 horas para hacerlo.
En diálogo con este diario, Montes, además de señalar su preocupación por los continuos asesinatos a líderes sociales en el país, aseguró que su aporte de verdad a la JEP será aclarar su caso, el cual —asegura él— fue manipulado principalmente por la Fiscalía. También dijo que miembros de la Fuerza Pública estarían detrás de su “irregular” proceso y que por ahora mantendrá un perfil bajo en su regreso a los Montes de María. Afirmó que se avecinan campañas electorales y el ambiente en los territorios podría ponerse difícil en materia de orden público, sobre todo contra los líderes sociales en esta coyuntura del posacuerdo.
“Aunque no es nada agradable tener escolta, he solicitado a la Presidencia, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía, Unidad de Víctimas, Defensoría, Ministerio de Justicia y otras instituciones para que me brinden un esquema de seguridad. Apenas se supo de mi libertad ya se empezaron a conocer nuevas amenazas en mi contra. Aquí en Bogotá no hay problema, el problema es en el Carmen de Bolívar. Quiero dejar constancia de que alerté a las autoridades para que después no digan que nunca se puso en conocimiento. Temo por lo que me pueda pasar a mí o a mis familiares”, puntualizó Montes.
El precedente de David Rabelo
Este no es el primer caso en que un líder social se compromete de comparecer ante la JEP. En junio pasado el líder social de Barracabermeja (Santander) David Rabelo Crespo quedó en libertad luego de haberse acogido a esta justicia. Rabelo está condenado a 18 años de prisión por asesinato, señalado por el exparamilitar Mario Jaimes Mejía alias el Panadero de haber sido uno de los autores intelectuales del asesinato del secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja David Núñez, en 1991. Por ello fue condenado a pagar 18 años de prisión, de los cuales cumplió siete. Recién salió de prisión Rabelo le contó a este diario que se presenta en calidad de inocente y asegura que es un montaje judicial del paramilitarismo.
El Espectador
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