El 19 de noviembre paramilitares obligaron a los presidentes de las juntas de acción comunal a asistir a una reunión en la que advirtieron el aumento del control sobre las actividades productivas de los campesinos y afirmaron que la Comunidad de Paz no se atenía a los controles de ese grupo ilegal.
Tras más de seis asesinatos de integrantes de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, amenazas y acciones de hostigamiento y asedio, los integrantes de esa organización creada en marzo de 1997 decidieron volver a marchar para pedir respeto por la vida y justicia para los asesinatos que se han cometido en los últimos dos meses.
Los hechos que preocupan a las comunidades han tenido especiales repercusiones desde que el 19 de noviembre paramilitares obligaron a los presidentes de las juntas de acción comunal a asistir a una reunión en la que advirtieron el aumento del control sobre las actividades productivas de los campesinos y afirmaron que la Comunidad de Paz no se atenía a los controles de ese grupo ilegal.
Luego de ello, por lo menos tres de los campesinos integrantes de la comunidad o familiares y amigos han sido asesinados. A pesar de las denuncias, ni las Fuerzas Militares, ni la Fiscalía ni el Gobierno nacional han evitado que se produzcan más daños retomando el control en la región.
Por ello, cerca de 200 personas que pertenecen a la comunidad decidieron movilizarse en un intento de denunciar su situación pedir atención por parte del Gobierno nacional que alivie su situación y abogue por las decisiones propias de mantenerse apartados de la guerra.
Luego de la movilización las comunidades que conforman la organización se reunieron para definir mecanismos de autoprotección de las vidas y de las tierras, ante el silencio y la inoperancia de las Fuerzas Militares que deberían proteger a la ciudadanía. “Ante todos estos hechos las instituciones siempre se hacen los ciegos y sordos”, aseguraron.
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