A sombrerazos

La canciller María Ángela Holguín (izquierda) con la Alta Comisionada de la ONU, Navy Pillay. Foto: Presidencia

Solo puede haber una explicación a la decisión de sacar la Oficina de Derechos Humanos de la ONU del país: es incómoda


Hernán Camacho

“Ya es responsabilidad nuestra. Somos lo suficientemente maduros para saber que el respeto por los derechos humanos es una obligación de todos y cada uno de los ciudadanos, pero sobre todo del Estado colombiano”: es la afirmación con la cual el presidente Juan Manuel Santos, salió a justificar la salida de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, en Colombia.

La notificación la hizo, según él, luego de evaluar el significativo avance en el respeto a los derechos humanos en el país sustentado en las estadísticas que presenta el Ministerio de Defensa.

Mientras la jefe de la cartera diplomática, María Ángela Holguín, le explicaba a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, de visita en Colombia, que las fuerzas militares tienen un profundo respeto por los derechos humanos y se ha avanzado notoriamente en esa materia.: “Que se vaya la Oficina no es para pensar que sea algo malo, quiere decir que el país ha progresado en su institucionalidad”.

Sin acuerdo de cooperación

La Oficina es un cuerpo consultivo del Ejecutivo y el Legislativo para los derechos humanos; también de instituciones u organizaciones sociales defensoras de estos. Velan por hacer efectivas sus recomendaciones y asesoran la adopción de medidas específicas para su aplicación.

Tales recomendaciones se sustentan en un Acuerdo de Cooperación, suscrito por María Emma Mejía, como ministra de relaciones exteriores en 1996. “La Oficina informará regularmente al Gobierno sobre sus preocupaciones y evaluaciones relacionadas con las materias que son objeto de su mandato”. Y son justamente esas recomendaciones las que molestaron al gobierno Santos, y les rebosó la paciencia insinuando que esa oficina está en un plan de injerencia indebida en asuntos internos.

Los informes

La última actuación resonada de la Oficina fue en el reciente paro del Catatumbo, en donde cuestionó la actuación desbordada de la Fuerza Pública en las recientes movilizaciones campesinas que dejó cuatro muertos a manos de la Policía Nacional, como lo afirman los campesinos.

“En las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la Fuerza Pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios”, dice el informe. “Sapos” las llamaron voces del periodismo nacional cercanos a la oficialidad.

Pero la incomodidad de la Oficina no es de hoy. La denuncia de los falsos positivos y la persistencia en denunciar el esclarecimiento de los sistemáticos asesinatos que según datos del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, siguen registrándose puede ser la causa para imponerle un año de plazo a la Oficina para su salida. Las palabras del mandatario evocaron las actuaciones de su antecesor: “Lo que no se atrevió a hacer Uribe, quien amenazaba y señalaba, Santos lo hizo realidad”, le dijeron a VOZ analistas, “cuál talante democrático”.

Antecedentes

Los defensores de derechos humanos en Colombia, manifestaron su rechazo a la decisión del gobierno: “No puede ser el Gobierno de Colombia el que unilateralmente decida que la Oficina ya no es necesaria, y menos en un momento en el que la continuación de las violaciones a los derechos humanos y los altos niveles de impunidad evidencian la precariedad de la garantía de los derechos en el país”.

Algunos analistas manifiestan que las determinaciones políticas del gobierno Santos están sujetas a la aprobación del mando castrense, en una especie de secuestro de decisiones de Estado y que el tema de la ONU responde a ello. Pasa ahora mismo en El Catatumbo, donde el veto militar es el palo en la rueda para el cumplimiento de la ley 160 de 1994 y la declaratoria de la Zona de Reserva Campesina allí.

Eso coincide con otro de los argumentos que le darían piso al enojo oficial contra la Oficina. Es una revancha que tienen los altos mandos militares contra el concepto desfavorable que en su momento tuvo ese organismo con la aprobación del fuero penal militar.

Los militares azuzando

Las recomendaciones de esa oficina al cuerpo legislativo señalaban que dicha aprobación era la puerta abierta a la impunidad de los delitos cometidos por agentes del Estado. “Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos”, fueron apartes de la recomendación hecha por la ONU, respecto al tema.

Fuentes consultadas en la Casa de Nariño señalaron que la molestia del gobierno estaría centrada también en Informe de Desarrollo Humano 2012, elaborado por el PNUD, en el que también se entregan cifras contundentes desde la Oficina de Derechos Humanos. “No va bien el gobierno en todas las materias”, y por eso el camino de la descalificación a la Oficina, con el que se pretende quitarle peso al informe.

Las consecuencias

Por lo demás, la salida de la Ofi­ci­na es un mal mensaje para La Habana. Los Foros de Participación diseñados por las delegaciones de paz del gobierno y las FARC, y apoyadas por la ONU y la Universidad Nacional, han sido un mecanismo importante para escuchar las opiniones de los sectores representativos del país en la paz. Así como también el importante apoyo que la ONU, y la Oficina de Derechos Humanos hacen a las Mesas Regionales por la Paz, junto a las Comisiones de Paz del Congreso de la República.

De tumbo en tumbo, a Santos se le nota embolatado en medio de las movilizaciones sociales y populares que prenden el país y llaman a soluciones estructurales. Pero la decisión de sacar a la ONU es asumir la posición intransigente propia del militarismo y allanar el camino de la perpetuidad de la guerra. No hay otra explicación a los palos de ciego del gobierno.