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| Foto: Jaime Pérez Munéva |
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viernes, 14 de diciembre de 2018
domingo, 31 de diciembre de 2017
La devastadora búsqueda de El Dorado que carcome a la Amazonia
jueves, 7 de mayo de 2015
Bank of America limitará financiación a la industria minera tras años de presión activista
La gigante de las finanzas Bank of America anunció que dejará de financiar compañías vinculadas a la minería de carbón.
viernes, 1 de mayo de 2015
Bogotá y Bucaramanga se movilizaron por el agua
Plan Nacional de Desarrollo, a un debate de ser ley
Las bancadas del gobierno y la oposición del Centro Democrático no tienen objeciones a los 206 artículos iniciales del Plan y los 29 que se adicionaron. Las proyecciones ministeriales para su financiación ya están definidas y aprobadas.
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| El Consejo Regional de Ministros es el encargado de socializar el PND |
viernes, 24 de abril de 2015
Micos en los páramos
Huelga por las ocho horas laborales en Cerro Matoso
miércoles, 22 de abril de 2015
La minería no es una actividad de utilidad pública
La priorización absoluta de la minería sobre otras actividades o bienes que gozan de protección especial en la Constitución -como la protección del ambiente, la función ecológica de la propiedad, la protección a los recursos agrícolas, entre otros- resulta inconstitucional.
El martes 21 de abril de 2015, el senador Alberto Castilla presentó ante la Corte Constitucional una intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad que se adelanta contra el artículo del Código de Minas que declara la actividad minera como utilidad pública.
La demanda, interpuesta por César Rodríguez Garavito, Beatriz Botero Arcila y Camila Soto Mourraille, miembros del Observatorio de Justicia Ambiental y del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), persigue que se declare la inconstitucionalidad de una expresión del artículo 13 del Código minero que permite expropiar los bienes necesarios para dar viabilidad a la minería (1).
En criterio de los demandantes, la expropiación de bienes amparada en considerar a la minería como utilidad pública, no se sustenta en argumentos bien fundados. La minería es una actividad que no logra un fortalecimiento económico que favorezca a toda la población en todas las ocasiones, así que no hay razones suficientes para declarar dicha actividad como de interés general y permitir la expropiación de tierras. El argumento central de la acción gira en torno a demostrar que la priorización absoluta de la minería sobre otras actividades o bienes que gozan de protección especial en la Constitución -como la protección del ambiente, la función ecológica de la propiedad, la protección a los recursos agrícolas, entre otros- resulta inconstitucional.
El senador campesino Alberto Castilla intervino en el proceso para apoyar los argumentos de la demanda, y para ampliar y profundizar algunas tesis. La intervención amplía uno de los cargos de la acción, el cual señala que la declaración de la actividad minera como de utilidad pública viola la disposición constitucional que ampara la producción agrícola. Para el senador, la violación de este precepto constitucional va más lejos, pues declarar de utilidad pública la minería, permitiendo con esto la expropiación de tierras, vulnera las disposiciones constitucionales que amparan al campesinado.
Los artículos 64, 65 y 66 de la Carta disponen que el Estado debe garantizar progresivamente la titularidad de la tierra para los trabajadores del campo, proteger la producción de alimentos, los mecanismos para garantizarla y, por esta vía, resguardar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. El parlamentario también señala que la minería ya ha cambiado la vocación de la tierra en lugares afectados por el extractivismo, impactando negativamente la soberanía alimentaria de comunidades campesinas y generando múltiples conflictos sociales, ambientales y territoriales.
El senador Alberto Castilla espera que la Corte Constitucional se pronuncie favorablemente frente a las pretensiones de la demanda y que tenga en cuenta los argumentos de la intervención, reiterando su compromiso de lucha contra el modelo extractivista desde la movilización legal en el poder judicial y en el Congreso, pero sobre todo desde la movilización social, campesina y popular. Por ello continuará en oposición a las disposiciones legales que permiten el despojo y que desconocen los derechos del campesinado, y trabajando por el reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujeto colectivo así como por sus derechos a la tierra y al territorio, los cuales sí resultan de utilidad e interés público y social.
Leer y descargar la intervención completa
1. La expresión demandada es la siguiente: “En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárese de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases” del artículo 13 de la Ley 685 de 2010.
Poder y Unidad Popular
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| Mina del Cerrejón. Foto: arcoiris.com.co |
El martes 21 de abril de 2015, el senador Alberto Castilla presentó ante la Corte Constitucional una intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad que se adelanta contra el artículo del Código de Minas que declara la actividad minera como utilidad pública.
La demanda, interpuesta por César Rodríguez Garavito, Beatriz Botero Arcila y Camila Soto Mourraille, miembros del Observatorio de Justicia Ambiental y del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), persigue que se declare la inconstitucionalidad de una expresión del artículo 13 del Código minero que permite expropiar los bienes necesarios para dar viabilidad a la minería (1).
En criterio de los demandantes, la expropiación de bienes amparada en considerar a la minería como utilidad pública, no se sustenta en argumentos bien fundados. La minería es una actividad que no logra un fortalecimiento económico que favorezca a toda la población en todas las ocasiones, así que no hay razones suficientes para declarar dicha actividad como de interés general y permitir la expropiación de tierras. El argumento central de la acción gira en torno a demostrar que la priorización absoluta de la minería sobre otras actividades o bienes que gozan de protección especial en la Constitución -como la protección del ambiente, la función ecológica de la propiedad, la protección a los recursos agrícolas, entre otros- resulta inconstitucional.
El senador campesino Alberto Castilla intervino en el proceso para apoyar los argumentos de la demanda, y para ampliar y profundizar algunas tesis. La intervención amplía uno de los cargos de la acción, el cual señala que la declaración de la actividad minera como de utilidad pública viola la disposición constitucional que ampara la producción agrícola. Para el senador, la violación de este precepto constitucional va más lejos, pues declarar de utilidad pública la minería, permitiendo con esto la expropiación de tierras, vulnera las disposiciones constitucionales que amparan al campesinado.
Los artículos 64, 65 y 66 de la Carta disponen que el Estado debe garantizar progresivamente la titularidad de la tierra para los trabajadores del campo, proteger la producción de alimentos, los mecanismos para garantizarla y, por esta vía, resguardar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. El parlamentario también señala que la minería ya ha cambiado la vocación de la tierra en lugares afectados por el extractivismo, impactando negativamente la soberanía alimentaria de comunidades campesinas y generando múltiples conflictos sociales, ambientales y territoriales.
El senador Alberto Castilla espera que la Corte Constitucional se pronuncie favorablemente frente a las pretensiones de la demanda y que tenga en cuenta los argumentos de la intervención, reiterando su compromiso de lucha contra el modelo extractivista desde la movilización legal en el poder judicial y en el Congreso, pero sobre todo desde la movilización social, campesina y popular. Por ello continuará en oposición a las disposiciones legales que permiten el despojo y que desconocen los derechos del campesinado, y trabajando por el reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujeto colectivo así como por sus derechos a la tierra y al territorio, los cuales sí resultan de utilidad e interés público y social.
Leer y descargar la intervención completa
Nota:
1. La expresión demandada es la siguiente: “En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárese de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases” del artículo 13 de la Ley 685 de 2010.
Poder y Unidad Popular
viernes, 17 de abril de 2015
Montelíbano (Córdoba): Huelga en Cerro Matoso
Se trata sencillamente de defender el derecho a vivir, puesto que el incremento de cuatro horas de trabajo en cada jornada, expuestos a las radiaciones cancerígenas del níquel y sus compuestos, acorta los años de vida, lo que les genera enfermedades congénitas.
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| Trabajadores de Cerro Matoso en asamblea general. |
viernes, 10 de abril de 2015
La minería absorbe al campesino
Ituango (Antioquia): El oro que ya no verán
jueves, 9 de abril de 2015
Asesinado dirigente indígena en departamento de Caldas
Se trata de Fernando Salazar Calvo, embera chamí, presidente de la Asociación Mineros de la Unión y vocal de la Asociación de Mineros del resguardo indígena Cañamomo-Lomaprieta Riosucio y Supía (Caldas).
viernes, 27 de marzo de 2015
Unos días agricultor y otros minero
Alrededor de 15 organizaciones cumplieron con el ejercicio de escuchar y analizar los contextos en que cada uno vive. La constituyente es un gran proceso social y ambiental donde se están pensando alternativas para el desarrollo y permanencia en el territorio.
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| Los campesinos discuten alternativas para el desarrollo y permanencia en el territorio. |
Santos engarrotado en los páramos
El Consejo de Estado terció la semana pasada a favor de los derechos ambientales y de las comunidades, pero son de esperar nuevas arremetidas gubernamentales a favor de las empresas multinacionales mineras y petroleras.
jueves, 8 de enero de 2015
Trabajadores de transnacional Drummond denuncian esquirolaje
Se firman importantes convenciones colectivas en Fenoco S.A. y Orica Colombiana S.A.S. Negociación en Minera El Roble S.A. y Mineros Nacionales S.A.S.
sábado, 27 de diciembre de 2014
Violencia policial para imponer minería en Landázuri (Santander)
domingo, 14 de diciembre de 2014
Cepeda exige a Mindefensa rendición de cuentas sobre convenios para la prestación de seguridad a mineras
Para el congresista, es preocupante que las fuerzas armadas se conviertan en parte interesada en el desarrollo de los conflictos por el territorio que se vienen presentando con las comunidades en las zonas mineras.
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| Iván Cepeda Castro. Foto: Agencia Prensa Rural 10 años via photopin cc |
viernes, 12 de diciembre de 2014
Mujeres afro del Cauca logran negociación
Hemos dado un paso importante, lo que sigue esta en manos del gobierno. Nuestro mensaje es claro, estamos cansadas de firmar papeles
lunes, 8 de diciembre de 2014
Mandatos populares acogidos por el Concejo de Pueblorrico (Antioquia)
Se prohíbe el uso del cianuro y el mercurio con el objeto de proteger la vida, el agua y el territorio
miércoles, 3 de diciembre de 2014
Oposición a la minería en el Caguán
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