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| Campesinos en Tumaco. Foto: Suministrada |
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viernes, 22 de diciembre de 2017
Cargos a oficiales por masacre en Tumaco
Los capitanes Javier Soto y Jorge Niño serán imputados por los hechos que dejaron siete campesinos muertos el pasado mes de octubre.
sábado, 9 de diciembre de 2017
Policía hiere al dirigente indígena caucano Darío Tote
Las organizaciones indígenas en resistencia hacen una alerta temprana a las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a los medios de comunicación y al Gobierno nacional, quien es el responsable de todo lo sucedido.
miércoles, 1 de noviembre de 2017
EEUU expulsa a exmilitar colombiano implicado en asesinatos
El teniente coronel retirado Óscar Gómez Cifuentes, de 53 años, fue expulsado el martes del país por funcionarios de la Oficina de Detención y Deportación
sábado, 21 de octubre de 2017
FARC: “No permitamos que llegue a deteriorarse la confianza”
viernes, 25 de agosto de 2017
Asesinado policía que acompañaba restitución de tierras en Urabá
miércoles, 19 de julio de 2017
Policía retenido en la vereda El Danubio, Puerto Rico (Meta)
En medio de enfrentamientos por erradicación forzada, los campesinos retuvieron al agente de la Fuerza Pública.
viernes, 8 de mayo de 2015
Fuerzas Militares: Escándalo tras escándalo
Una de las instituciones que exige a gritos una pronta reforma democrática de fondo, con la peor situación en la crisis moral que afecta a los poderes del Estado.
viernes, 1 de mayo de 2015
Cauca: Se pudo evitar…
Policía mutila a líder indígena en protesta en Leticia
sábado, 25 de abril de 2015
Estudiantes en Córdoba rechazan tratamiento de guerra
En la ciudad de Montería, su principal centro de educación superior ha sido convertido en escenario de agresiones permanentes de los organismos de seguridad del Estado contra los universitarios que protestan y reclaman sus derechos.
jueves, 16 de abril de 2015
FARC niegan que militares sean personas protegidas en el DIH
La delegación de paz de la guerrilla comunista rechazó la tesis expuesta por el fiscal general acerca de que los militares muertos en los combates del Cauca fueran personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Llaman al gobierno a la serenidad.
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| Para el fiscal Montealegre, sólo los centinelas podrían ser blanco legítimo en un combate nocturno. |
martes, 14 de abril de 2015
Militares ponen en peligro a civiles en Ituango (Antioquia)
lunes, 6 de abril de 2015
Se incrementan seguimientos y persecución contra ACVC
El Ejército Nacional vulnera el principio de distinción al considerar a la ACVC como un blanco de ataque, y utiliza a desmovilizados en planes de persecución, amenazas y hostigamientos en contra de los dirigentes campesinos.
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| Los desmovilizados de la insurgencia, en vez de pasar a la vida civil, participan en las operaciones de la Fuerza Pública. |
viernes, 27 de marzo de 2015
“Héroes” que asesinan campesinos en el Meta
La amenaza paramilitar
sábado, 28 de febrero de 2015
Niño muere de infarto por ataque del Ejército en el Sumapaz
El CPDH exige que se realice una investigación profunda para esclarecer hechos y responsabilidades, y que cesen las acciones sistemáticas de judicializaciones y ejecuciones extrajudiciales en contra de los campesinos del Sumapaz.
viernes, 20 de febrero de 2015
Asesinato de Jhonny Silva Aranguren, nueve años de impunidad
Entrevista con Wilman Silva, padre de Jhonny Silva Aranguren, quien asegura que en la Fiscalía le dijeron que perdonara a los policías porque llevaban una bonita carrera, que esperara a la justicia divina. “Fui humillado y ultrajado por la Fiscalía”.
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| Willman Silva, padre del estudiante asesinado por el Esmad. |
¿Oficializar la pena de muerte?
El general Palomino parece desconocer que el delito es de naturaleza creciente en la medida en que aumentan las desigualdades sociales. También ignora las inmensas limitaciones de nuestros sistemas judicial y carcelario. Institucionalizar la pena de muerte no salva a nadie de sus remordimientos.
miércoles, 18 de febrero de 2015
Militares atropellan a campesinos en Puerto Libertador (Córdoba)
Soldados de la Brigada Móvil Nº 16, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional de Colombia, en cabeza del coronel Roger Calderón Garzón agreden y atemorizan a campesinos en el corregimiento de Juan José, infringiendo el derecho internacional humanitario.
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), integrante de la Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio, y de Marcha Patriótica, denunció el martes 17 de febrero que soldados de la Brigada Móvil Nº 16, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional de Colombia, consecuentes con la estrategia militar Espada de Honor que desde la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo se ejecuta en el sur de Córdoba, en cabeza del coronel Roger Calderón Garzón (comandante de la Brim 16) agreden y atemorizan a campesinos en el corregimiento de Juan José (Puerto Libertador, Córdoba), infringiendo el derecho internacional humanitario y vulnerando los derechos fundamentales de los colombianos residentes en Juan José.
La Ascsucor viene adelantando hace varios años serias y comprobadas denuncias de las infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos que los grupos armados (legales e ilegales) cometen en contra del pueblo campesino que sobrevive en el corregimiento de Juan José, en general en todo el sur del departamento cordobés.
La Fuerza Pública, representada mediante la Brigada Móvil Nº 16, en conjunto con integrantes de un Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), ha hecho presencia cotidiana para, según ellos, “mantener la sensación de seguridad en el sector” con patrullajes y visitas a la población y centros comerciales, requisas y reuniones discontinuas con campesinos. Sin embargo, varios de estos sucesos han sometido a los habitantes de este corregimiento, quienes están revestidos por el principio de distinción, a graves atentados en contra de la dignidad humana, paz y libertades constitucionales.
Uniformados de la Brigada Móvil Nº 16:
1. Desde hace varios días vienen entrando con concurrencia a los sitios de diversión y recreación nocturna del corregimiento a imponer una supuesta “ley seca”, es decir: le dicen a los comerciantes que solo pueden tener sus negocios abiertos al público hasta las doce de la madrugada y el que no cumpla la orden debe pagarles una multa económica. Suceso que es plenamente abuso de poder y está en contravención con la función del Ejército Nacional, designada en la Carta Magna.
2. Al dirigirse al campesinado usan un lenguaje intimidante, estigmatizante y vulgar. Además, “llegan con sus fusiles a apuntar a los civiles”, situación que causa terror, pues la gente teme cuando el infrarrojo los señala, como es natural y plenamente lógico, ya que esta zona viene siendo golpeada por actos de terror y falsos positivos desde hace muchos años. Por otro lado nunca se presentan: no revelan su identidad y ello es violatorio y sancionable ante la legislación nacional.
3. En la madrugada del 15 de febrero de 2015, aproximadamente a la 1:30 am ,uniformados pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 16 incursionaron a la discoteca “Disco Show” y arremetieron con los civiles que departían en ese lugar. Los sacaron a la calle, recostaron sobre una pared y requisaron de manera arbitraria y abusiva, violando flagrantemente el derecho a la privacidad y trato digno. No satisfechos con eso, gritaban a la gente que “eran terroristas” y “que ellos (los soldados) eran los que mandaban en Juan José”.
4. En el mismo acto de terror de la madrugada del 15 de febrero agredieron física y psicológicamente a la joven Mary Luz Urango Marzola, quien es discapacitada física, empujándola y haciéndole señas de proceder a golpearla. Cabe resaltar que la joven es sordomuda.
5. A César Quiñónez (quien departía con sus amigos en la noche del 15 de febrero) lo golpearon salvajemente entre varios soldados. Patadas e insultos fue el resultado de la estrategia de seguridad ciudadana que recibió César en su propia humanidad. Los campesinos aluden que los actos de maldad se vienen autorizando y cometiendo por un mayor de apellido Meza, quien dice públicamente que “no le importa que lo denuncien porque seguirá implantando sus acciones”; estas acciones que se pueden denominar terrorismo de estado.
1. Al ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, ordenar y requerir las medidas necesarias y pertinentes que deban asumirse para contrarrestar la situación de riesgo y terror que se presenta en el corregimiento de Juan José y sus veredas aledañas, contextualizadas en la narración de los hechos y cometidas por las FFMM.
2. Al ministro del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo, solicitar y exhortar a los organismos de gobierno nacional, departamental y del municipio de Puerto Libertador a fin de asegurar las libertades, soberanía del país, derechos constitucionales y sobre todo garantizar la vida, honra, paz, seguridad, integridad física y respeto integral de los derechos de los niños.
—Al defensor del pueblo nacional, Jorge Armando Otálora Gómez.
—A coordinador residente y humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild.
—Al consejero presidencial de DDHH y DIH, Guillermo Rivera Florez:
Instar de manera urgente a quienes competa implementarlas medidas necesarias a fin de preservar las libertades y el orden, la justicia y soberanía colombiana que se han desvirtuado en el corregimiento de Juan José, de Puerto Libertador (Córdoba), en el marco de las declaraciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, afianzados en la Constitución Política colombiana.
—Al procurador disciplinario delegado para los Derechos Humanos, Rafael José Durán Mantilla.
—Al fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre Lynett.
Requerir y adelantar las investigaciones judiciales necesarias para individualizar los actores de estos atentados a la paz y generar las sanciones a que haya lugar.
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), integrante de la Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio, y de Marcha Patriótica, denunció el martes 17 de febrero que soldados de la Brigada Móvil Nº 16, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional de Colombia, consecuentes con la estrategia militar Espada de Honor que desde la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo se ejecuta en el sur de Córdoba, en cabeza del coronel Roger Calderón Garzón (comandante de la Brim 16) agreden y atemorizan a campesinos en el corregimiento de Juan José (Puerto Libertador, Córdoba), infringiendo el derecho internacional humanitario y vulnerando los derechos fundamentales de los colombianos residentes en Juan José.
Antecedentes:
La Ascsucor viene adelantando hace varios años serias y comprobadas denuncias de las infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos que los grupos armados (legales e ilegales) cometen en contra del pueblo campesino que sobrevive en el corregimiento de Juan José, en general en todo el sur del departamento cordobés.
La Fuerza Pública, representada mediante la Brigada Móvil Nº 16, en conjunto con integrantes de un Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), ha hecho presencia cotidiana para, según ellos, “mantener la sensación de seguridad en el sector” con patrullajes y visitas a la población y centros comerciales, requisas y reuniones discontinuas con campesinos. Sin embargo, varios de estos sucesos han sometido a los habitantes de este corregimiento, quienes están revestidos por el principio de distinción, a graves atentados en contra de la dignidad humana, paz y libertades constitucionales.
Hechos:
Uniformados de la Brigada Móvil Nº 16:
1. Desde hace varios días vienen entrando con concurrencia a los sitios de diversión y recreación nocturna del corregimiento a imponer una supuesta “ley seca”, es decir: le dicen a los comerciantes que solo pueden tener sus negocios abiertos al público hasta las doce de la madrugada y el que no cumpla la orden debe pagarles una multa económica. Suceso que es plenamente abuso de poder y está en contravención con la función del Ejército Nacional, designada en la Carta Magna.
2. Al dirigirse al campesinado usan un lenguaje intimidante, estigmatizante y vulgar. Además, “llegan con sus fusiles a apuntar a los civiles”, situación que causa terror, pues la gente teme cuando el infrarrojo los señala, como es natural y plenamente lógico, ya que esta zona viene siendo golpeada por actos de terror y falsos positivos desde hace muchos años. Por otro lado nunca se presentan: no revelan su identidad y ello es violatorio y sancionable ante la legislación nacional.
3. En la madrugada del 15 de febrero de 2015, aproximadamente a la 1:30 am ,uniformados pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 16 incursionaron a la discoteca “Disco Show” y arremetieron con los civiles que departían en ese lugar. Los sacaron a la calle, recostaron sobre una pared y requisaron de manera arbitraria y abusiva, violando flagrantemente el derecho a la privacidad y trato digno. No satisfechos con eso, gritaban a la gente que “eran terroristas” y “que ellos (los soldados) eran los que mandaban en Juan José”.
4. En el mismo acto de terror de la madrugada del 15 de febrero agredieron física y psicológicamente a la joven Mary Luz Urango Marzola, quien es discapacitada física, empujándola y haciéndole señas de proceder a golpearla. Cabe resaltar que la joven es sordomuda.
5. A César Quiñónez (quien departía con sus amigos en la noche del 15 de febrero) lo golpearon salvajemente entre varios soldados. Patadas e insultos fue el resultado de la estrategia de seguridad ciudadana que recibió César en su propia humanidad. Los campesinos aluden que los actos de maldad se vienen autorizando y cometiendo por un mayor de apellido Meza, quien dice públicamente que “no le importa que lo denuncien porque seguirá implantando sus acciones”; estas acciones que se pueden denominar terrorismo de estado.
Ante estos graves hechos
Exigimos:
1. Al ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, ordenar y requerir las medidas necesarias y pertinentes que deban asumirse para contrarrestar la situación de riesgo y terror que se presenta en el corregimiento de Juan José y sus veredas aledañas, contextualizadas en la narración de los hechos y cometidas por las FFMM.
2. Al ministro del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo, solicitar y exhortar a los organismos de gobierno nacional, departamental y del municipio de Puerto Libertador a fin de asegurar las libertades, soberanía del país, derechos constitucionales y sobre todo garantizar la vida, honra, paz, seguridad, integridad física y respeto integral de los derechos de los niños.
Solicitamos:
—Al defensor del pueblo nacional, Jorge Armando Otálora Gómez.
—A coordinador residente y humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild.
—Al consejero presidencial de DDHH y DIH, Guillermo Rivera Florez:
Instar de manera urgente a quienes competa implementarlas medidas necesarias a fin de preservar las libertades y el orden, la justicia y soberanía colombiana que se han desvirtuado en el corregimiento de Juan José, de Puerto Libertador (Córdoba), en el marco de las declaraciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, afianzados en la Constitución Política colombiana.
—Al procurador disciplinario delegado para los Derechos Humanos, Rafael José Durán Mantilla.
—Al fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre Lynett.
Requerir y adelantar las investigaciones judiciales necesarias para individualizar los actores de estos atentados a la paz y generar las sanciones a que haya lugar.
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